Una nueva directiva del Departamento del Interior de Estados Unidos exige que todos los proyectos solares y eólicos en tierras federales cuenten con la aprobación personal de su titular, Doug Burgum. La medida, revelada por POLITICO a través de un memorando interno filtrado, eleva el nivel de escrutinio sobre las energías renovables y amenaza con frenar o incluso paralizar desarrollos en algunos de los territorios más ricos en sol y viento del país. Bajo esta nueva regla, cualquier paso del proceso —desde evaluaciones preliminares hasta permisos para caminos de acceso— deberá pasar por el despacho del secretario.
La decisión llega en un contexto de creciente presión de conservadores en la Cámara de Representantes para restringir subsidios a la energía limpia. Aunque algunos beneficios fiscales fueron conservados por republicanos moderados en el Senado dentro de la reciente «megaley» energética, el presidente Donald Trump parece decidido a reducir el protagonismo de las renovables. El memorando cita explícitamente decretos firmados por Trump, incluida su orden inaugural que declaró una «emergencia energética nacional», sin incluir a la solar ni la eólica como fuentes válidas de energía.
Gregory Wischer, jefe adjunto de políticas en Interior, firmó el memo indicando que toda decisión o consulta vinculada a estas tecnologías debe ser revisada por Burgum. El documento sugiere además que esta centralización responde al mandato presidencial de “redirigir recursos federales a la producción de energía”, lo cual, en la práctica, implica favorecer a fuentes fósiles y despachables como el gas natural o el carbón. Las energías renovables, por el contrario, son colocadas bajo sospecha burocrática.
Consultado sobre el documento filtrado, Interior no desmintió su existencia, pero lanzó una fuerte condena: “Filtrar documentos internos a la prensa es cobarde, deshonesto y una violación flagrante de los estándares profesionales”. El comentario no fue acompañado de aclaraciones sobre el contenido del memo ni sobre sus implicancias prácticas para el sector energético. No obstante, expertos advierten que el efecto será inmediato y profundo.
Eric Beightel, quien dirigió el Consejo Federal de Permisos durante el gobierno de Joe Biden, fue tajante: “Esto va a frenar drásticamente los proyectos de energía limpia. Para una administración que dice querer eliminar trabas, esta es una estrategia para usar el proceso como arma de bloqueo”. Según Beightel, el resultado será un panorama de incertidumbre regulatoria en el cual los promotores de renovables optarán por abandonar desarrollos o no presentarlos directamente.
La directiva se vincula también con otra orden ejecutiva reciente, en la que Trump instruyó al Departamento del Interior a revisar sus regulaciones en un plazo de 45 días para detectar si dan “trato preferencial” a la energía solar y eólica frente a las fuentes despachables. En ese contexto, se evalúa incluso redefinir qué significa que un proyecto haya “comenzado construcción”, lo que podría afectar miles de millones de dólares en créditos fiscales pendientes.
La ironía es que la ley marco que promueve el uso de tierras federales para energías renovables —la Energy Act de 2020— fue firmada por el propio Trump. Bajo ese marco, la administración Biden había impulsado grandes desarrollos en terrenos públicos. Actualmente, esas tierras representan apenas el 4% de la generación renovable nacional, pero un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) publicado en enero estimó que podrían aportar hasta el 12,5% para 2035.
El estudio identificó un potencial técnico de 5.750 GW para energía solar a gran escala y 875 GW para eólica terrestre en tierras federales. Sin embargo, cuando se consideran las restricciones sociales, ambientales y técnicas, el potencial realizable baja a 1.750 GW para solar y solo 70 GW para eólica terrestre. Pese a esto, la administración Trump ha optado por colocar más trabas que incentivos a este tipo de desarrollos.
Las implicancias no son solo ambientales, sino también económicas. Las energías renovables son una de las pocas áreas de crecimiento en empleos energéticos, y las demoras regulatorias podrían traducirse en pérdidas millonarias e incertidumbre inversora. Al centralizar todas las decisiones en la figura del secretario Burgum, el Departamento del Interior corre el riesgo de transformar un proceso ya complejo en un cuello de botella político.
El futuro inmediato de la transición energética estadounidense queda así en suspenso. Lo que parecía una oportunidad para aprovechar el potencial solar y eólico de millones de acres públicos ahora dependerá de decisiones individuales en Washington. La transparencia, la eficiencia y el impulso renovable quedan subordinados, al menos por ahora, a un enfoque burocrático que recuerda más a la era del carbón que al siglo XXI.
